La Voz De San Esteban Somos un diario electrónico de San Esteban
Artículos relacionados
- Municipalidad de Rinconada, ahora bajo la administración del alcalde Juan Galdames Carmona, prepara junto a un staff de abogados, los cursos legales correspondientes ante el grave daño efectuado a las arcas municipales.
- Paralelamente se incluirá en las querellas pertinentes a los concejales Juan Castillo Valle y Miguel Tamaya Arenas, por su responsabilidad en efectuar una nula fiscalización, a estos, y otros hechos denunciados por el concejo municipal de la época.
RINCONADA.- Como es de conocimiento público entre los años 2018 y 2019 la Contraloría General de la República, efectuó una severa auditoría a las platas de la Ley de Casinos de Juegos, esto dentro de sus planes de fiscalización y dado los recursos que por la Ley 19.995 que establece las bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juego, que percibe la municipalidad por concepto del 10 por ciento de utilidades que van de manera directa al municipio de Rinconada, por estar uno de los casinos insertos en la comuna, CASINO RINCONADA, en su nombre de fantasía, Enjoy Santiago.
En aquellos años, sin pandemia y con una economía pujante que vivía el país, la industria del juego aportaba a la municipalidad de Rinconada anualmente casi $3.500.000.000 millones de pesos (Según lo proyectado por la propia municipalidad de Rinconada en su presupuesto anual de aquellos años).
Con tal colosal flujo de dinero, y bajo la administración del ex alcalde Pedro Caballería Díaz, (Demócrata Cristiano), la municipalidad efectuó desembolsos de todo tipo, entre estos; gastos en whisky vino, bebidas energéticas, platas sin cuadrar, regalos publicitarios pro imagen del alcalde, millonarios cócteles, viajes, contratos y pagos sin la aprobación del concejo, etc. una verdadera chequera abierta para gastos provenientes de la Ley de Casino 19.995 en cosas que se justificaban como obras de desarrollo social como lo indica la ley, evidentemente los gastos estuvieron muy alejados de esto. A tal fue el punto que tras conocerse los hechos, el ex alcalde Pedro Caballería Díaz, se paseó por varios canales de televisión, mañanas enteras en matinales de tv, tratando de explicar lo inexplicable. Incluso el propio concejal Juan Castillo Valle, férreo defensor del alcalde Caballería, también hacía lo suyo, sin presentar ningún cuestionamiento mayor a la malversación de fondos públicos por cientos de millones de pesos, y que era noticia nocional en aquel tiempo.
RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
La extensa auditoría partió el 1 de enero al 31 de diciembre 2018. Cuyo informe final fue entregado a la Corporación Municipal en diciembre 2019. Si bien el ex alcalde Pedro Caballería Díaz, tuvo todos los plazos legales para tratar de justificar sus acciones, finalmente, éstos no convencieron a la Contraloría por lo que abrió un juicio de cuentas que ya notificó a doce funcionarios, incluyendo al ex alcalde Caballería, quienes tendrán que devolver a las arcas públicas la suma $289.327.928.-
De los doce funcionarios involucrados, figura como principales, hoy deudores del Estado, al círculo más cerrado y de confianza del ex alcalde decé. Lamentablemente desde la Asociación de Funcionarios Municipales, indican que muchos de los funcionarios, no tomaron decisiones ni mucho menos participaron de ellas, pero sin tener arte ni parte, les rebota responsabilidad administrativa, por lo que señalan como una verdadera injusticia que hoy deban devolver dineros, por malas decisiones tomadas por el ex alcalde Pedro Caballería Díaz, y su círculo de confianza, indican.
FUNCIONARIOS MUNICIPALES CULPAN AL EX ASESOR LEGAL MUNICIPAL Y AL EX ALCALDE
“Muchos de los rembolsos que hoy pide la Contraloría, podrían haber quedado fuera de este juicio de cuentas, y con ello, liberando de toda responsabilidad a gran parte de los doce funcionarios involucrados. Ya que las principales decisiones, el ex alcalde las tomaba con su círculo cerrado, y nosotros no teníamos voz ni voto. En segundo lugar, uno de los principales responsables, junto con el ex alcalde Pedro Caballería, y de que no se justificaran estos gastos dejando a la deriva a los funcionarios, es el ex asesor legal del municipio rinconadino, Enzo Botto Muñoz. Ya que no presentó esfuerzo alguno, en justificar de buena manera los requerimientos de la auditoría, pese a insistencia de los funcionarios que así lo solicitábamos”. Indican desde la Asociación de Funcionarios Municipales. Felizmente para él, hoy como asesor jurídico de la municipalidad de San Felipe, esto no le afecta, pero el daño ocasionado ya está y lo estamos pagando nosotros. Indican. Quienes además dicen preparan su defensa ante el Tribunal de Cuentas Públicas de la Contraloría.
PRESUNTA RESPONSABILIDAD POR OMISIÓN DE LOS CONCEJALES JUAN CASTILLO VALLE Y MIGUEL TAMAYA ARENAS.
Desde el Departamento Jurídico Municipal de Rinconada, confirman la preparación de querellas dirigidas a los ediles. “es efectivo que dado los acontecimientos en cuanto a los informes de Contraloría, juicios de cuentas y otros procesos, es que como municipalidad estamos preparando diversas querellas, en principio contra el ex alcalde de la comuna Don Pedro Caballería Díaz, esto por los procesos, y millonarios montos malversados, sabemos que también enfrenta una querella por fraude al fisco, interpuesto por una funcionaria municipal y que es representada por el abogado José Villagrán Reyes. Independiente de eso, como municipalidad tenemos el deber y la obligación de sumarnos a presentar también diversos recursos legales. Paralelamente creemos que se ha actuado por omisión en su calidad fiscalizadora, y por un notable abandono de deberes, por parte de los concejales Juan Castillo Valle y Miguel Tamaya Arenas, como concejales de la época, en que se suscitaron los hechos, donde no cumplieron su labor fiscalizadora, y muy por el contrario presentaron una figura facilitadora a juicio nuestro de los hechos que hoy está sancionando la justicia. Estas querellas irían al Consejo de Defensa del Estado junto a la justicia ordinaria, para el ex alcalde Caballería. Como para los concejales citados de igual manera, a lo que sumaremos para ellos, por estar en ejercicio de labores, una querella de remoción al Tribunal Electoral Regional”. Señaló Lautaro Silva Saa, asesor legal de la Municipalidad de Rinconada.
PROYECTOS POSTERGADO POR LA AUSENCIA DE LOS CONCEJALES CUESTIONADOS A SESIÓN DE CONCEJO:
Para agravar la situación de los concejales cuestionados, una inédita situación ocurrió este martes 8 de febrero en la comuna de Rinconada. Por falta de concejales en sesión y al no haber el cuórum suficiente para la respectiva reunión, no se logró avanzar en compra de terrenos para viviendas sociales, compra de aires acondicionados para las escuelas municipales, se atrasa la compra de un terreno para el futuro parque comunal, se atrasa el funcionamiento de la nueva sucursal Bancoestado para la comuna, entre otras iniciativas que requerían presencia y voto de los ediles.
A la reunión extraordinaria N°1 que estaba prevista para este martes 8 de febrero, llegaron solo los concejales Juan Urbina, Wilson López y Miguel Escobar. Sin mayor justificación y anteriormente, según la secretaría comunal confirmando su participación presencial, incluso para los que tuvieran algún tipo de problema se les ofreció poder participar de la vía telemática, pese a todo se ausentaron los concejales, Miguel Tamaya, Carlos Montenegro y Juan Castillo.
OPINIÓN LEGAL DEL EX FISCAL Y ABOGADO JOSÉ VILLAGRÁN REYES
“Lo vivido en Rinconada es de extrema gravedad, uno puede entender que el alcalde no sea de afinidad para algunos concejales, pero ausentarse en bloque, impidiendo que una sesión de concejo tan importante no se pueda llevar a efecto por falta de cuórum, comprometiendo su participación previamente, es un hecho vergonzoso. Un funcionario público tienen un deber, por el cual juran al momento de asumir, hay todo un código ética funcionario de por medio, ese código es inquebrantable, al menos eso se supone para autoridades como concejales que son electos por voto popular. A la posible acusación para su destitución que pueda haber, está el juicio social de la comunidad, que ve éste tipo de actos de sus autoridades por el cual depositaron su confianza y voto como una verdadera traición, entendiendo del daño causado a la postergación de compra de terrenos para casas, atraso en la nueva sucursal del Bancoestado, el que llegue marzo y los alumnos ya no contarán con aire acondicionado en sus salas, entre otras iniciativas que quedaron pendientes, simplemente porque algunos concejales aparentemente se dieron un “gustito político”. Señaló el abogado José Villagrán Reyes.
